RESEÑA:

El proceso penal actual no puede prescindir de las intervenciones en la esfera de las personas, ya que eso permitiría “proteger” sus propias metas como Estado. Por eso, se tiende a establecer un sistema de garantías frente al uso de la fuerza estatal (protegiendo en este caso: la libertad y la dignidad de la persona), pero procurando en la medida de lo posible, lograr una mayor eficiencia en la aplicación efectiva de la coerción penal.